GERARDO BARBOSA CASTILLO
Magistrado Ponente
Casación n.o 58221
Acta n.o 152
Bogotá, D.C., dos (02) de julio de dos mil veinticinco
(2025).
I. ASUNTO
La Sala se pronuncia sobre los requisitos de
admisibilidad de la demanda de casación presentada por el
apoderado de Rimberto Wilfrido Acosta Jarma y Víctor Said
Acosta Ramos, en contra de la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 21
de marzo de 2019, mediante la cual confirmó la emitida por
el Juzgado 3o Penal del Circuito de Barranquilla, que
condenó al declarado penalmente responsable al pago de
perjuicios morales, pero desestimó las pretensiones referidas
a los perjuicios materiales alegados.
Casación Ley 906 de 2004
Radicado interno n.o 58221
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Incidente de reparación integral
SAMUEL ENRIQUE VIÑAS ABOHOMOR
II. HECHOS
El 1o de enero de 2010, en la carrera 59 No. 86-188 del
barrio El Poblado de Barranquilla, SAMUEL ENRIQUE
VIÑAS ABOHOMOR, utilizando un arma de fuego cuya
tenencia era ilegítima, disparó en dos ocasiones en contra de
su ex esposa Clarena Piedad Acosta Gómez, causándole la
muerte.
Proferidas las sentencias condenatorias en las
instancias, el 18 de abril de 2012, la Corte modificó el fallo
del 29 de noviembre de 2010, emitido por el Juzgado 3o Penal
del Circuito de Barranquilla, exclusivamente para fijar en 42
años, 9 meses y 3 días la pena principal de prisión, y en 10
años la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio
de derechos y funciones públicas, como autor del concurso
de delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de
fuego.
III. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
El 18 de febrero de 2013, ante el Juzgado 3o Penal del
Circuito de Barranquilla, se llevó a cabo la audiencia inicial
del incidente de reparación integral. El apoderado de los
demandantes hizo lectura de un documento en el que precisó
las pretensiones económicas, consistentes en perjuicios
materiales derivados de lucro cesante y perjuicios
extrapatrimoniales derivados de daños morales y de vida de
relación.
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El juez reconoció como víctimas demandantes a
Rimberto Wilfrido Acosta Jarma y Víctor Said Acosta Ramos,
padre biológico y hermano, respectivamente, de Clarena
Acosta Gómez, pero rechazó por caducidad el reconocimiento
de Lina Acosta Gómez. Impugnada la decisión por la defensa
y el apoderado de víctimas, la misma fue confirmada por el
Tribunal Superior.
El 18 de julio de 2016, se recibieron las declaraciones
de Beatriz Raquel Romero Quintero y Víctor Said Acosta
Ramos. El 8 de noviembre de 2016, se recibieron las
declaraciones de Armando Rafael Llach Acosta y Esperanza
Acosta Jaramillo. De esta manera culminó la práctica de la
prueba testimonial de los demandantes.
El 22 de junio de 2017, se recibieron las declaraciones
de Samuel David Viñas Acosta, Freddy Rafael Navarro
Lechuga, Astrid Clementina Balsa Samper, Laura Viñas
Acosta y Rubén Darío Ángel García.
Rimberto Acosta Ramos, manifestó mediante memorial
que haría uso de su derecho constitucional a la no
autoincriminación y a no declarar en contra de sus parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad, adjuntó unas
fotografías familiares.
El 31 de julio de 2017, se recibieron las declaraciones
de Felipe Enrique Viñas Acosta y Claudia Milena González
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Jiménez. En la misma sesión de audiencia se expusieron los
alegatos conclusivos de las partes.
El 27 de abril de 2018, el Juzgado 3o Penal del Circuito
de Barranquilla profirió la decisión de primera instancia,
desestimando las pretensiones en lo relativo a los perjuicios
materiales derivados de lucro cesante y los
extrapatrimoniales de vida de relación, pero condenando por
los perjuicios morales en cuantía de 50 smlmv para Rimberto
Acosta Jarma y 30 smlmv para Víctor Said Acosta Ramos.
Apelada la decisión por los apoderados de la defensa y
las víctimas, el 21 de marzo de 2019 fue confirmada en su
integridad por el Tribunal Superior de Barranquilla. El 13 de
enero de 2020, por indebida notificación de la diligencia de
lectura de fallo, el mismo Tribunal decretó la nulidad de la
ejecutoria de la providencia.
Realizados los trámites correspondientes, el apoderado
de las víctimas interpuso y sustentó el recurso extraordinario
de casación. El 3 de septiembre de 2020, el Tribunal Superior
concedió el recurso extraordinario porque «quien lo incoa
tiene interés jurídico para recurrir y, además, la cuantía
cumple con el estándar previsto en el artículo 338 del CGP».
IV. LA DEMANDA
El recurrente propone tres cargos en contra de la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
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Superior de Barranquilla, todos por la senda de la violación
indirecta de la ley sustancial.
4.1. Primer cargo
Con base en el artículo 368-1 del Código de
Procedimiento Civil, acusa la sentencia por ser violatoria de
la ley sustancial, por error de hecho en la apreciación del
material probatorio, al suprimir algunas pruebas, recortar el
contenido de otras, en contra de las reglas de la sana crítica,
la técnica, la ciencia y las reglas de la experiencia.
El error de hecho alegado se produjo sobre la prueba
incorporada durante la etapa de juicio oral y la etapa del
incidente de reparación integral, vulnerando los artículos 94,
95, 96, 97, del Código Penal, 411, 414, 419, 422, 1613,
1614, 2341, 2350 del Código Civil, el artículo 16 de la Ley
446 de 1998, y las normas medio procesales y probatorias
previstas en los artículos 110, 174, 175, 177, 179, 180, 183,
187, 217, 228, 236, 238, 243, 251, 252, 258, 304, 205 del
Código de Procedimiento Civil, más los artículos 188, 208,
220, 222, 227, 232, 241, 257, 262, 267, 272, 278, 279, 280
del Código General del Proceso, además de 13 sentencias de
la Corte Constitucional y los principios procesales de
concentración e inmediación.
En criterio del recurrente, los juzgadores desconocieron
los principios elementales de la lógica porque no tuvieron en
cuenta toda la prueba recaudada durante la audiencia de
juicio oral del proceso penal, el Tribunal recortó la prueba
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testimonial «al no tomar en cuenta lo declarado dentro de la
etapa procesal del juicio oral».
Además, se vulneró el artículo 187-2 del Código de
Procedimiento Civil, al no exponer razonadamente el valor
asignado a cada testimonio de manera individual. Se
cuestiona especialmente la credibilidad otorgada a los
familiares de la víctima que declararon por cuenta de la
defensa.
El recurrente compara lo que afirmaron estos testigos
en la audiencia de juicio oral, con lo que declararon después
en el incidente de reparación integral, para destacar algunas
inconsistencias y ofrecer una crítica personal a la valoración
probatoria, pues considera que tenían intereses económicos
para desconocer las relaciones entre los reclamantes y
Clarena Acosta Gómez.
Con base en la teoría del acto complejo, que vincula a
la emisión del sentido del fallo con la sentencia penal, el
recurrente extiende sus efectos hasta el incidente de
reparación integral, para destacar que lo obrado durante el
juicio oral se entiende incorporado a la actuación probatoria
del incidente.
Lo anterior, con la finalidad de cuestionar la
credibilidad que le fue otorgada a los mismos testigos en una
y otra etapa de la actuación procesal. Y además, para señalar
que no se tuvieron en cuenta unas declaraciones
extraprocesales que fueron aportadas, así como las versiones
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de Liliana Acosta Gómez y Alberto Rafael Calderón Acosta
que declararon durante la audiencia de juicio oral.
De otro lado, indica que «obedeciendo a un plan
maquiavélico de manipulación de la prueba y fraude a la ley»,
no se tuvo en cuenta el informe pericial rendido por
Guillermo Alvarez Real, con el que se demostró que Clarena
Acosta Gómez tenía suficientes recursos propios para
auxiliar o ayudar a «quien su voluntad la llevara». Se afirma
que las premisas de las que partió el Tribunal, como la
escasa relación con su padre biológico y el abandono desde
niña, son falsas.
Concluye, entonces, que los juzgadores incurrieron en
error de hecho en la apreciación probatoria que vulneró la
ley sustancial, se ignoraron los postulados de la lógica y las
reglas de la experiencia, se cercenó y varió el significado de
las pruebas practicadas durante el juicio oral,
desconociendo también el debido proceso contenido en la
Constitución Nacional, lo que incidió en la sentencia al negar
el reconocimiento de los perjuicios materiales y los morales
en debida proporción.
4.2. Segundo cargo
Con base en lo previsto en el artículo 368-1 del Código
de Procedimiento Civil, acusa la sentencia del Tribunal por
ser indirectamente violatoria de la ley sustancial, por error
de derecho en la valoración del mérito probatorio de
documentos, fotografías y la sentencia proferida dentro del
proceso penal, oportunamente aportados a la actuación, con
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violación de los artículos 174, 175, 179, 180, 183, 187, 189,
217, 236, 238, 243, 252, 258, 275, 276, 277 y 289 del Código
de Procedimiento Civil, lo que llevó a vulnerar
indirectamente los artículos 94, 95, 96 y 97 del Código Penal,
63, 2341, 2350, 1613, 1614 del Código Civil, el artículo 16
de la Ley 446 de 1998 por aplicación indebida, así como el
artículo 250-6 de la Constitución Política.
Refiere que al inicio del incidente de reparación
integral, el Juez Penal del Circuito le indicó que las pruebas
tenían que solicitarse e incorporarse porque no existía la
permanencia de la prueba, lo que constituye un falso juicio
de legalidad al no considerar la prueba practicada durante
la audiencia de juicio oral.
El error de derecho cometido por el Tribunal, sostiene
el recurrente, consistió en otorgarle mérito probatorio a los
testigos presentados por la defensa, cuando los mismos se
encontraban contaminados al haber declarado dentro del
juicio oral y sus dichos fueron rechazados, desconociendo el
principio de congruencia del artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil, así como la cosa juzgada material.
La Sala de Decisión incurrió en error de derecho «al no
darle a la sentencia del proceso ordinario la eficacia
probatoria que tiene la autoridad de cosa juzgada material y
formal dentro de nuestro ordenamiento civil y por este error
violó, indirectamente, la ley sustancial al tomar como
verdaderos hechos que son comprobadamente falsos, al
estudiar en conjunto las pruebas practicadas en el proceso
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ordinario y en el incidente de reparación porque violan el
principio de contradicción de la lógica formal».
También se equivocó el Tribunal al no tener en cuenta
el informe pericial y el certificado de la operación de bypass
practicada a Rimberto Wilfrido Acosta Jarma en 2005, lo que
demostraba su incapacidad para atender sus propias
necesidades y las de su hijo Víctor Said Acosta Ramos, así
como los recibos de pago de las matrículas de la universidad,
apartándose de la obligación de analizar individualmente
cada prueba.
El recurrente analiza como omisión probatoria la falta
de mención de las declaraciones extraprocesales y las
fotografías familiares aportadas mediante memorial por
Rimberto Wilfrido Acosta Jarma, cuando informó al juzgado
que no declararía dentro del incidente de reparación integral,
con fundamento en su derecho a la no autoincriminación y
a no declarar en contra de sus familiares, artículo 33 de la
Constitución.
Finalmente, se refiere a unos recortes de artículos de
prensa que se introdujeron durante el curso de la segunda
instancia para que fueran apreciados por el Tribunal, que
demostrarían que el condenado es un manipulador de las
pruebas y que su abogado es un comprador de testigos, pues
para ese momento estaba siendo juzgado en otra actuación
por ese delito, pero el Tribunal Superior no los valoró.
4.3. Tercer cargo
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Se acusa la sentencia del Tribunal por violación
indirecta de la ley sustancial, por desconocimiento de los
artículos 94, 95, 96, 97 del Código Penal, 2341, 1613, 1614,
2350 del Código Civil, por falta de aplicación de los artículos
11, 22, 102, 103, 106, 132, 137 de la Ley 906 de 2004 y los
artículos 1, 2, 13, 15, 29, 40, 93, 94, 229, 230, 250 de la
Constitución Nacional, al negarse la participación de Lina
Margarita Acosta Gómez en el incidente de reparación
integral por caducidad de la solicitud, a pesar de tener una
«discapacidad absoluta».
El recurrente considera que el juez estaba obligado a
integrar el contradictorio por tratarse de un proceso civil
dentro del proceso penal, podía entonces abrir oficiosamente
el incidente de reparación integral para que las víctimas que
no se hubieran presentado lo hicieran, pues su actuación no
es la de un mero espectador.
Cuestiona que se haya aplicado la caducidad para el
solicitante individual que no acude dentro de los 30 días
siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria, pues
considera que después de hacerse una solicitud de apertura
del incidente, no quedan excluidas las víctimas que no hayan
actuado dentro del proceso penal o que no hayan presentado
la solicitud. En su criterio, después de presentada alguna
solicitud por el fiscal, el procurador o alguna víctima, se
pueden presentar otras personas para su reconocimiento.
Interpretando el artículo 137 de la Ley 906 de 2004,
que señala que las víctimas pueden intervenir en todas las
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fases de la actuación penal, considera que también pueden
presentarse para intervenir dentro del incidente de
reparación integral, sin importar que ya se haya iniciado o
que se encuentre en curso.
Aplicado al caso concreto, asegura que dentro del
término legal se hizo la solicitud para intervenir en nombre
de las víctimas reconocidas dentro del proceso penal, lo que
habilitaba a que con posterioridad, iniciado el incidente, se
presentaran otros nombres, como el de Lina Margarita
Acosta Gómez.
Finalmente, señala a la parte contraria como la
responsable de la caducidad decretada por el Juez Penal del
Circuito y confirmada por el Tribunal Superior.
Con fundamento en los cargos previamente expuestos,
solicita que se case la sentencia impugnada y que se profiera
un fallo de reemplazo.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
5.1. Juicio de admisibilidad
Como reiteradamente lo ha precisado la Sala, la
demanda de casación debe satisfacer unos requisitos de
fundamentación mínimos como condición para ser admitida,
los cuales se derivan de lo dispuesto en los artículos 183 y
184 inciso 2o de la Ley 906 de 2004. La finalidad es evitar
que el recurso se convierta en una tercera instancia, en la
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que se postulen todo tipo de propuestas sin rigor
argumentativo y con desconocimiento de la lógica casacional.
Las disposiciones citadas exigen al recurrente presentar
la demanda señalando de manera precisa y concisa las
causales invocadas y los fundamentos que las sustentan. Y
ordenan inadmitirla a trámite cuando el demandante carece
de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los
cargos de sustentación, o cuando de su contexto se advierta
fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir
algunas de las finalidades del recurso.
En el presente caso, a partir del estudio de la actuación
procesal, se encuentra que el recurrente carece de interés
para recurrir en casación. En consecuencia, la Sala
inadmitirá a trámite la demanda estudiada.
5.2. El numeral 4° del artículo 181 de la Ley 906 de
2004 establece que «cuando la casación tenga por objeto
únicamente lo referente a la reparación integral decretada en
la providencia que resuelva el incidente, deberá tener como
fundamento las causales y la cuantía establecidas en las
normas que regulan la casación civil», es decir que, para el
momento en que se profirió la sentencia impugnada, son los
preceptos correspondientes del Código General del Proceso
(Ley 1564 de 2012).
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El artículo 336 de este último estatuto procesal enlista
las causales de casación1 y el canon 338 ejusdem, corregido
por el artículo 6o del Decreto 1736 de 2012, contempla que
habrá lugar a la casación «cuando el valor actual de la
resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil
salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)»,
cuantía declarada exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C–213–2017, por lo que el valor económico
afectado con la sentencia es un criterio indispensable de
admisibilidad del recurso extraordinario.
El artículo 339 del Código General del Proceso, en
relación con el justiprecio del interés para recurrir, dispone
que «cuando para la procedencia del recurso sea necesario
fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía
deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en
el expediente». Pero también, para el momento de la
interposición del recurso, el recurrente podrá aportar un
1 Ley 1564 de 2012. Causales de Casación. Son causales del recurso
extraordinario de casación:
1. La violación directa de una norma jurídica sustancial.
2. La violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho
derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho
manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación, o
de una determinada prueba.
3. No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la
demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha
debido reconocer de oficio.
4. Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación del
apelante único.
5. Haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de
nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados.
La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han
sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podrá casar la
sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete
gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y
garantías constitucionales.
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dictamen pericial con la actualización de los perjuicios
reclamados no satisfechos, tal como ocurrió en este caso
concreto.
La Sala de Casación Civil al respecto tiene establecido
que, para la concesión del recurso de casación, en los eventos
en que sea necesario establecer el interés para recurrir, el
juzgador lo definirá a partir de los elementos de juicio
obrantes en el expediente, sin perjuicio de que el impugnante
allegue para esos propósitos un dictamen pericial que deberá
adjuntarse dentro del plazo consagrado para impetrar la
censura, so pena de tenerla por extemporánea y desechar su
valoración (CSJ AC2032-2022, 19 may. 2022).
De otro lado, esta Sala también ha reiterado que la
cuantía se establece por el valor del salario mínimo legal
mensual vigente para la fecha en la cual es dictado el fallo de
segundo grado, habida cuenta que es en ese momento que se
concreta la afectación patrimonial (Cfr. CSJ AP5662–2015,
30 sep. 2015, rad. 45958; CSJ AP7345–2015, 16 dic. 2015,
rad. 46405; CSJ AP8002–2017, 29 nov. 2017, rad. 51356,
entre otras).
5.3. Sobre el análisis de admisibilidad de las demandas
de casación presentadas en contra del fallo de segunda
instancia que pone fin al incidente de reparación integral, la
Sala ha verificado la satisfacción del requisito concerniente
al interés económico para recurrir, como los postulados de
lógica y debida argumentación de los cargos formulados,
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atendiendo las causales consagradas en el artículo 336 del
Código General del Proceso (Cfr. entre otras, CSJ AP8267–
2016, 30 nov. 2016, rad. 49015; CSJ AP2625–2017, 26 abr.
2017, rad. 46947; CSJ AP4237–2018, 26 sep. 2018, rad.
52902).
Sin embargo, a partir de la decisión CSJ AP5449–2019,
12 dic. 2019, rad. 53724, que es posterior a la providencia
que se impugna en este caso concreto, la Sala replanteó su
postura al respecto y, en su lugar, acogió lo siguiente:
la sentada por la Sala de Casación Civil, según la cual, acorde con
el artículo 342 del Código General del Proceso, el competente para
definir el monto de la cuantía para acceder al recurso, es el
Tribunal de segunda instancia que, de alcanzar aquella los 1000
salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo habilitaría para
concederlo ante la Corte, a fin de que ésta se pronuncie sobre los
demás requisitos de forma de la demanda. De ser inferior a esa
cantidad, en cambio, el ad quem estaría obligado a denegarlo, en
esa sede (Cfr. CSJ AP573–2021, 24 feb. 2021, rad.
56745).
No obstante, la Sala también ha considerado
innecesaria la devolución de la actuación al Tribunal
Superior cuando resulta evidente que el monto de los
perjuicios se aleja sustancialmente de los mil salarios
mínimos exigidos en el Código General del Proceso para
acceder al recurso, lo que también resulta aplicable al caso
concreto, pues el propio recurrente estimó el valor
actualizado de su reclamación insatisfecha mediante
dictamen pericial (Cfr. CSJ AP3135-2022, 13 jul. 2022, rad.
61699).
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5.4. Con la interposición del recurso extraordinario de
casación, el recurrente anexó una actualización de los
perjuicios pretendidos, liquidados durante el incidente por
Guillermo Álvarez Real, perito contador actuarial contratado
por la parte demandante. Se indicó también que «la
actualización la realizó la doctora Claudia Barrera Rivera,
contadora titulada, sobre la base de las mismas fórmulas de
liquidación de perjuicios oficiales utilizados por el doctor
Álvarez Real».
Entonces, con ese documento pericial, es la propia parte
demandante la que está determinando el valor de los
perjuicios que fueron alegados desde la audiencia inicial,
donde se fijaron las pretensiones económicas del incidente
de reparación integral. Allí se estableció la siguiente cuantía
actualizada:
Para Rimberto Wilfrido Acosta Jarma, por concepto de
lucro cesante debido y futuro la suma de $245.420.264; y
por concepto de perjuicios morales la suma de $87.780.300,
equivalente a 100 smlmv para el año 2020, lo que arrojó un
valor total de $333.200.564.
Para Víctor Said Acosta Ramos, por concepto de lucro
cesante debido y futuro la suma de $82.499.030; y por
concepto de perjuicios morales la suma de $43.890.150,
equivalente a 50 smlmv para el año 2020, lo que arrojó un
valor total de $126.389.180.
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Y para Lina Acosta Gómez, por concepto de lucro
cesante debido y futuro la suma de $396.624.755; y por
concepto de perjuicios morales la suma de $43.890.150,
equivalente a 50 smlmv para el año 2020, lo que arrojó un
valor total de $440.514.905.
A la sumatoria del valor final de los perjuicios
reclamados por los tres demandantes, $900.104.650, se
agregaron $270.031.395, correspondientes al 30% de cuota
litis pactada por el recurrente sobre el valor que
eventualmente fuera reconocido en la sentencia, para un
gran total de $1.170.136.045.
El Tribunal Superior, con base en la cifra aportada,
concedió el recurso afirmando el cumplimiento del interés
económico para recurrir que, para el momento de
proferimiento de la sentencia de segundo grado, se
encontraba fijado en $828.116.000, pero se evidencia que no
tuvo en cuenta lo siguiente:
(i) Como se indicó, la Sala de Casación Penal, acudiendo
al desarrollo jurisprudencial que sobre la materia ha venido
realizando la Sala de Casación Civil2, ha señalado de forma
2 Este interés económico para recurrir en casación se refiere a la estimación
objetiva del impacto patrimonial que implica la decisión contraria a los
intereses del impugnante, agravio que la jurisprudencia identifica con «la
cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la
resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el
día del fallo» (CSJ, AC7638-2016), aunque, cuando la «sentencia es
íntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo
genitor o su reforma» (CSJ, AC1650-2021, reiterado en CSJ, AC1101-2022).
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reiterada que la cuantía del interés depende del monto del
daño causado, el cual se establece por el valor del salario
mínimo legal vigente para la fecha en que se profiere la
sentencia de segunda instancia, pues es en ese momento
cuando se concreta la afectación patrimonial3.
También ha determinado que cuando la providencia de
segunda instancia es totalmente desestimatoria de las
pretensiones de la víctima, la cuantía se establece a partir de
las sumas solicitadas en la demanda, sin perjuicio de la
posibilidad de allegar un dictamen pericial para su
consideración.
Por lo anterior, habrá interés para recurrir en casación
penal cuando el monto pedido sea igual o superior al mínimo
exigido por el estatuto procesal civil4. No obstante, si la
sentencia acoge parcialmente las pretensiones de la
demanda, el monto para determinar la viabilidad de la
casación surge de la diferencia entre lo pedido por cada
víctima y lo reconocido en el fallo5, lo que se ajusta al caso
en estudio, pues las instancias reconocieron perjuicios
morales y desestimaron los perjuicios materiales.
Ahora bien, cuando el incidente de reparación integral
de perjuicios es promovido en representación de varias
víctimas, ha dicho la Sala que el monto de las pretensiones
3 Cfr. AP7345-2015, rad. 46405; SP4559-2016, rad. 47076; AP8002-2017,
rad. 51356.
4 CSJ, AP 39188, 12 dic. 2012, AP686-2019, 27 feb. 2019, rad. 50343.
5 Cfr. CSJ SCP sentencia del 10 de noviembre de 2004, rad. 21726; SP4559-
2016, rad. 47076.
18 Casación Ley 906 de 2004
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Incidente de reparación integral
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se debe determinar para cada una de ellas de manera
independiente, no sumando todas las aspiraciones
económicas de estas. Es decir, para cada demandante el
interés para recurrir se debe cuantificar de forma individual,
el cual debe ser igual o superior al mínimo definido por el
legislador en el ámbito civil para acceder al mecanismo
extraordinario6 (CSJ AP663-2024, 14 feb. 2024, rad. 65196).
En situaciones similares, en las que un Tribunal
Superior ha concedido el recurso con fundamento en la
sumatoria de las indemnizaciones solicitadas por el
demandante, de antiguo la Sala de Casación Civil tiene
establecido que es indispensable discriminar o establecer «la
cuantía propia del interés para recurrir de manera
independiente para cada litisconsorte» (Cfr. CSJ AC3433-
2025, 3 jun. 2025, rad. 20170058403).
Entonces, teniendo en cuenta la liquidación de
perjuicios actualizada que aportó el recurrente, se advierte
que por gran diferencia económica ninguno de los
demandantes, individualmente considerado, cuenta con el
interés económico para recurrir en esta sede extraordinaria.
(ii) Ahora bien, aunque es claro que no se pueden
acumular pretensiones económicas de varias personas para
alcanzar la cuantía para recurrir en casación7, en este caso
se advierte una situación adicional que evidencia la
6 CSJ, SCP AP 39188, 12 dic. 2012.
7 CSJ AC188 — 2021, 1o feb. 2021, rad. 2020-02990-00, CSJ AC619-2020, 27
feb. 2020, rad. 2020-00213-00, entre otros.
19 Casación Ley 906 de 2004
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improcedencia del recurso extraordinario: el recurrente
presentó la estimación conjunta de los perjuicios alegados,
incluyendo lo relacionado con Lina Acosta Gómez, hermana
de la víctima fallecida.
Sin embargo, con el estudio de la actuación se
encuentra que la intervención de Lina Acosta Gómez como
demandante fue denegada desde la audiencia inicial, con
fundamento en la caducidad prevista en el artículo 106 de la
Ley 906 de 2004, decisión que en su momento fue
confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de
Barranquilla.
Por lo anterior, tratándose de una decisión ejecutoriada
que fijó los intervinientes en el litigio, los juzgadores de
instancia no se pronunciaron sobre ninguna de las
pretensiones económicas alegadas en su nombre, pues no
fue tenida como demandante dentro del incidente de
reparación integral.
De hecho, el asunto relacionado con las pretensiones de
Lina Acosta Gómez, ni siquiera fue discutido en el recurso de
apelación interpuesto contra el fallo del incidente de
reparación integral. Pero hay más, en la liquidación de
perjuicios presentada el 23 de febrero de 2017 por el mismo
Guillermo Alvarez Real, culminada la práctica probatoria de
los demandantes, únicamente se actualizó lo relacionado con
Wilfrido Rimberto Acosta Jarma y Víctor Said Acosta Ramos,
para un total acumulado de $511.554.446, incluyendo como
20 Casación Ley 906 de 2004
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daño emergente el costo del calculista actuarial y los
honorarios pactados con el abogado.
Por tanto, con la finalidad de satisfacer la cuantía del
interés para recurrir en casación, no resulta viable incluir las
pretensiones de quienes no hayan sido reconocidos como
demandantes dentro del respectivo incidente, pues es claro
que su asunto sustancial no ha sido objeto de estimación o
desestimación en la sentencia impugnada, lo que descarta su
inclusión para el cálculo del interés para recurrir.
(iii) Aunque la interposición del recurso extraordinario
constituye el último momento procesal para someter a
consideración una estimación de los perjuicios no
reconocidos en la sentencia, en el dictamen aportado por el
recurrente se indica que no se incluyó en esa liquidación el
«daño de relación» y unos «gastos por calcular».
La Sala de Casación Civil tiene establecido que lo
dispuesto en el artículo 339 del Código General del Proceso,
consagra una carga para el recurrente de «demostrar el
quantum del detrimento que le ocasiona la providencia,
simultáneamente con la radicación del embate, salvo que lo
estime identificable con los instrumentos obrantes en el legajo»
(Cfr. CSJ AC2483-2023, 24 ago. 2023, rad. 20150018901).
Pero, en gracia de discusión, el eventual reconocimiento
del perjuicio extrapatrimonial de daño a la vida de relación
que se declaró no probado en la sentencia, cuya estimación
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corresponde al arbitrio de la autoridad judicial, tampoco
sería suficiente para alcanzar la cuantía para recurrir en
casación en este caso.
Cuando se pretende la indemnización de perjuicios a
título de daños extrapatrimoniales, la Sala de Casación Civil
ha explicado que su cuantificación corresponde
«exclusivamente al arbitrium judicis, es decir, al recto criterio
del fallador»8, de tal manera que esa determinación «no puede
ser estimada por el demandante o considerada por el
sentenciador de segundo grado, de manera incondicional,
para efectos del interés aludido»9. Pero tampoco puede
perderse de vista que su estimación deberá responder a los
topes que la jurisprudencia ha fijado en torno a la cuantía
(Cfr. CSJ AC2483-2023, 24 ago. 2023, rad. 20150018901).
Sobre la estimación de las pretensiones
extrapatrimoniales y el interés para recurrir, reiteradamente
se ha explicado que:
La normatividad vigente, repele aceptar pretensiones inmateriales,
siguiendo la estimación de la parte, perviviendo, por lo tanto, para
fulminar una condena o ponderar la cuantía en casación, el
precedente judicial según el cual el “(...) recto criterio del fallador
(...) viene a ser el adecuado para su tasación (...)”, todo, por
supuesto, según las circunstancias concretas en causa.
Desde luego, la restricción para que la parte estime el quantum
inmaterial (daño moral y/o a la vida de relación), debe entenderse
cuando resulta arbitrario o ilimitado, haciendo depender a su
antojo la procedencia de los recursos, y no cuando observa las
directrices jurisprudenciales, vigentes a la sazón o al momento de
emitirse el fallo impugnado causante del perjuicio irrogado»
8 CSJ AC043 — 2017, 17 ene. 2017, Rad. 2016-02863.
9 CSJ. AC213 — 2004, 7 de octubre de 2004, reiterado en AC215-2019 exp. 771.
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(AC1114-2018, reiterado en auto de 28 de septiembre de 2020,
expediente 00584).
De igual manera, en auto CSJ AC576 de 22 de febrero
de 2019, citado en CSJ AC 2483-2023, la Sala de Casación
Civil precisó que:
De entrada ha de precisarse que la Sala en varios
pronunciamientos ha sido tajante en afirmar que la estimación que
hiciere el demandante en el escrito rector del proceso en cuanto a
la tasación de los daños extrapatrimoniales, denominación que
abarca a los perjuicios morales y daño a la vida de relación,
solamente serán tenidos en cuenta por el juzgador a efectos
de determinar la cuantía económica del valor actual de la
resolución desfavorable al recurrente, siempre que se
encuentre dentro de los topes o límites que por ese concepto
la jurisprudencia de esta Corporación viene señalando
periódicamente, de tal manera que cualquier exceso o
desbordamiento en esta materia no es vinculante para el operador
judicial» (destacado propio).
El recurrente deja sin estimación el daño a la vida de
relación, pero reclama para Rimberto Wilfrido Acosta Jarma,
quien es el demandante con mayor pretensión económica,
por concepto de lucro cesante debido y futuro la suma de
$245.420.264; y por concepto de perjuicios morales la suma
de $87.780.300, lo que arroja un valor total de
$333.200.564.
La cifra anterior se encuentra $494.915.436 por debajo
de la cuantía mínima para recurrir en casación10, lo que
equivale a 597 salarios mínimos legales mensuales vigentes
10 Para el momento en que se profirió la sentencia de segunda instancia, así
como el momento en que se interpuso el recurso extraordinario de casación
en su contra, no existe ninguna duda que la ley vigente aplicable a efectos de
determinar la cuantía del interés para recurrir, es el artículo 338 de la Ley
1564 de 2012.
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para el año 2019. Y esto, sin tener en cuenta que los
perjuicios morales que fueron reconocidos en el fallo deben
descontarse y que el salario que debe considerarse para
liquidarlos es el que estaba vigente al momento de proferirse
la sentencia de segundo grado (2019), no el de la
interposición del recurso que en este caso fue posterior
(2020), por lo que el valor insatisfecho sería incluso inferior.
Así las cosas, incluso sumando el porcentaje de cuota
litis indicado por el propio recurrente, el costo del calculista
y hasta 100 o 150 salarios mínimos por concepto de daño a
la vida de relación que se declaró no probado, resulta
evidente que las pretensiones económicas individuales
insatisfechas con la sentencia distan mucho de la cuantía del
interés para recurrir, lo que coincide con el precedente CSJ
AP3135 — 2022, 13 jul. 2022, rad. 61699, previamente citado.
Y como el monto de las pretensiones insatisfechas de
Víctor Said Acosta Ramos es inferior a lo reclamado por
Rimberto Wilfrido Acosta Jarma, es claro que la desventaja
económica generada con el fallo de segunda instancia
tampoco supera la cuantía mínima legal que habilita acudir
al mecanismo extraordinario.
En suma, revisada la actuación, se encuentra que lo
que inicialmente habilitó la concesión del recurso
extraordinario fue una indebida acumulación de las
pretensiones económicas de los demandantes, incluyendo la
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de una víctima que no fue admitida como demandante en el
incidente por caducidad.
5.5. En conclusión, como se anticipó, la demanda será
inadmitida por carencia del interés para recurrir, de
conformidad con lo establecido en los artículos 181 numeral
4o de la Ley 906 de 2004, en consonancia con el artículo 338
del Código General del Proceso.
En contra esta decisión procede el mecanismo de
insistencia, de conformidad con lo establecido en el artículo
184 de la Ley 906 de 2004 y las reglas que ha definido la Sala
en pronunciamientos anteriores a la presente decisión (CSJ
AP, 12 dic. 2005, rad. 24322, entre otros).
En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,
RESUELVE
1. INADMITIR la demanda de casación presentada por
el apoderado de Rimberto Wilfrido Acosta Jarma y Víctor
Said Acosta Ramos, en contra de la sentencia proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el
21 de marzo de 2019, mediante la cual confirmó el fallo
emitido en primera instancia por el Juzgado 3o Penal del
Circuito de Barranquilla.
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2. INFORMAR que contra esta decisión solo procede el
mecanismo de insistencia.
3. ORDENAR la devolución de la actuación al Tribunal
de origen, una vez agotado lo relativo al mecanismo de
insistencia.
Comuníquese y cúmplase
Presidenta de la Sala
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